"Cercando" Lisboa. Kirchner a la búsqueda de señas de identidad argentina

Vicente Palermo
Especial para
*Gramsci e o Brasil*




La História do Cerco de Lisboa es una narración ucrónica del nacimiento de Portugal. En ella, José Saramago nos relata un comienzo histórico en el que ha introducido, nos sentimos con motivos para creer, acontecimientos que habrían conferido unos rasgos distintivos a un Portugal que no fue. En un episodio crucial del relato, el rey Afonso Henriques (un reyezuelo gallego de arcas exhaustas, en realidad) manda comparecer a cuatro coterráneos convertidos, de hecho, en portavoces del reclamo de la soldadesca soliviantada. El rey los interpela con ojos inflamados de indignación, advirtiéndoles torvamente que los tiene por rebeldes. Uno de ellos, un tal Mogueime, no se deja amedrentar y le responde: “Senhor, peço-vos que não o tomeis assim, e se é verdade que há alguma ganância no nosso espírito, pensai também que é acto de justiça pagar o igual com o igual, e que este país em princípio de vida só começará mal se não começar justo, lembrai-vos, senhor, do que já os nossos avós disseram, que quem torto nasce tarde ou nunca se endireita, não queirais que torto nasça Portugual, não o queirais, senhor”.
Estas palabras resuenan en una escena que tiene por telón de fondo - y el lector lo sabe desde el comienzo - el sitio cristiano a la ciudad árabe encaramada en las barrancas del Tajo, y por sustancia del reclamo, la participación de la soldadesca gallega en el saqueo de la ciudad, en un pie de igualdad con los caballeros cruzados que, en reducido número, han decidido tomar parte del asalto final. Aquello que estaba siendo fundamentado por Mogueime en términos de una justicia igual para todos era el derecho a robar, violar, asesinar y quemar. El relato de Saramago no tiene otra ironía que la sobria descripción de estos (ucrónicos) hechos, en los que la monstruosidad de un saqueo habría sido la marca de origen de un Portugal justo; hacer explícita la moral de la historia, que me parece de una elocuencia abrumadora, ha corrido por mi cuenta.
Pero he traído el relato aquí porque lo encuentro particularmente expresivo de la condición política, donde no es raro que la innovación, la institución, reunan lo bueno y lo malo, la razón y la fuerza, lo justo y lo injusto. Y lo hago impulsado por la forma en que pocas semanas atrás, el presidente Néstor Kirchner, hablando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunió en su presentación dos temas, derechos humanos y Malvinas, de los que me he estado ocupando en diversos trabajos porque son parte de las cuestiones centrales del actual debate político cultural argentino.
Después de todo, la exposición presidencial confirma, es de lamentarse la facilidad con que el tratamiento político y cultural de ambas cuestiones se aproxima o entrelaza en la escena argentina de hoy. No solamente porque el presidente se dirige al mundo equiparando los dos temas (derechos humanos y Malvinas aparecen tratados uno inmediatamente después del otro, en un discurso que se extiende más sobre Malvinas que sobre derechos humanos), sino por el trasfondo que lleva de cada uno a la comunidad internacional en su discurso. Kirchner ha elegido un tratamiento - presidido, eso sí, por una retórica refundacional - particularmente poco innovativo y distante de aquello que, personalmente, considero como posibles y muy deseables puntos de ruptura de la Argentina con su pasado. Y lo ha hecho en un mensaje que no es uno más, no porque sea el primero en la ONU como presidente, sino porque es un mensaje que tiene un propósito identitario ante el mundo: Kirchner presenta la “nueva agenda de la República Argentina”, y lo hace desde un “nosotros” explícito: “Somos hijos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo [...] Somos fervientes partidarios de la solución pacífica de las disputas internacionales”.
Como nadie ignora, el trasfondo de la primera de estas señas de identidad es la decisión presidencial de impulsar en el Congreso la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida. No es raro, por tanto, que Kirchner escogiera por madres a las Madres: su decisión aparece presidida por la ética de convicciones que distingue a esta organización de derechos humanos. Su política en esta materia, sin embargo, puede inscribirse en una línea de continuidad, no de ruptura, con la que ha marcado en gran medida la historia de la democracia argentina desde 1983. Personalmente creo que el paso del tiempo nos permitirá mirar estas dos primeras décadas democráticas con ojos más benévolos que aquellos que permiten los duros tiempos de hoy - y ver en ellas, me dejo llevar en esto por mi optimismo, escalones precarios de una escalera ascendente.
Como sea, si puede sostenerse que estos 20 años fueron los más republicanos que conoció nuestro país desde 1930 (esto a pesar de Menem pero también en parte debido a él), no es menos cierto que esa república encontró sus límites en encrucijadas en las que se la obligó a transar. Para salir del paso debió incurrir en fórmulas de compromiso, en arreglos que le hicieron daño. En 1987, por ejemplo, tuvo lugar un triste compromiso entre la democracia y los fusiles, que canceló el juego institucional abierto desde que el Senado, en 1983, desviara notoriamente la trayectoria que el gobierno radical se había fijado en relación a las violaciones de los derechos humanos durante el Proceso; en 1994 el arreglo fue entre la república y los votos (expresados, por supuesto, en la voluntad reeleccionista de Carlos Menem). En 2000, en la renuncia forzada de Fernando de la Rúa encontramos otra forma de zafar, en este caso entre la norma y el orden (o más precisamente entre la norma y la capacidad mafiosa de exacerbar la ausencia de gobierno y ofrecer una solución ante el vacío). Ahora, la decisión de Kirchner, acompañada por aplastante mayoría parlamentaria, constituye, a mi entender, un nuevo eslabón de esta cadena de transacciones: en este caso lo es entre la ley y la justicia sustantiva [1].
Como el de Menem en 1994, el motor de Kirchner fue su propia voluntad; ningún poder fáctico lo presionó en este caso hasta forzarlo a una nueva solución de compromiso. Kirchner disponía de grados de libertad para configurar, como él dice, la “nueva agenda de la república” y podía hacerlo de un modo muy diferente al que lo hizo: afirmando, dolorosamente, la sujeción de la voluntad y el poder a la ley, tomando una decisión soberana (en sentido schmittiano) que colocara la política argentina en una nueva trayectoria (de continuidad, empero, con el espíritu del consenso democrático de 1983, pero de ruptura con la fórmula de la transacción).
No se precisa ser schmittiano para saber que las reglas y el derecho no consiguen despolitizar el mundo. Pero ésta era una oportunidad para que la decisión política fortaleciese los cimientos republicanos, que buena falta les hace. El precio a pagar, como en el cerco de Lisboa, era algo monstruoso: admitir que las vicisitudes de nuestra historia reciente nos habían llevado a una situación en que ya no podíamos condenar penalmente (salvo las excepciones conocidas) a los protagonistas del terror. Podíamos, en cambio, no negar nuestro pasado y, del mismo modo en que el estado argentino se declaró en default y cuenta con renegociar su deuda con una quita del 75%, reconocer honestamente esta otra falencia y confiar en que la justicia sustantiva tuviera lugar (limitadamente) en una forma diferente de relacionarnos con el mundo: ahí estaban las extradiciones como una alternativa posible.
Somos también, según el presidente, partidarios fervientes de las soluciones pacíficas de las disputas internacionales. Quizás, pero en la forma y el lugar de la insistencia por Malvinas hay mucho más de continuidad que de novedad en lo que se refiere a cómo se relaciona Argentina con el mundo. Esa forma tiene tanto de autoengaño como de pretensión de que el resto del mundo participe del engaño. Equiparar, como lo hace Kirchner, ante el mundo, derechos humanos y Malvinas, confunde enormemente las cosas y es muy peligroso, ya que el implícito común a ambas cuestiones es, así, que hay una justicia que hacer, porque hemos sido atropellados, hemos sido y somos víctimas, y somos nosotros los que, si y sólo si se nos hace justicia (los represores en la cárcel y las Malvinas en casita) podríamos pensar en olvidar, en perdonar o en reconciliarnos.
Esta tesitura está, sin embargo, en fuerte continuidad malvinera con la de Alfonsín desde 1983 (volvamos al statu quo anterior a la ocupación de abril de 1982, como si nada hubiese pasado, puesto que nosotros y nuestra democracia nada tienen que ver con lo que hicieron esos militares) y con la de Menem-Di Tella (podemos seducir a los kelpers, ya que ahora somos unos tipos muy macanudos y, créannos, confiables). Equiparar, entonces, nos lleva a una obturación de lo que deberíamos, a mi juicio, hacer con Malvinas, que es comenzar por reconocer el extravío a donde nos ha llevado hasta ahora la pasión por las islas. Este sería, también, un paso enderezado a dar mayor solidez a nuestros cimientos republicanos.
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Vicente Palermo é cientista político e pesquisador do Instituto Torcuato di Tella - Conicet, de Buenos Aires.
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[1] Desde luego, no ignoro dos posibles objeciones a este razonamiento. La primera afirma que Kirchner y sus seguidores en esta cuestión están vendiendo en realidad espejitos de colores. Una vez anuladas las leyes (y los indultos presidenciales) los procesos entrarían en una trayectoria sinuosa que al cabo terminaría en la nada. La segunda consiste en sostener la juricidad de la anulación de las leyes, en virtud de su hipotética inconstitucionalidad (véase, por ejemplo, de Elisa Carrió, Nunca habrá reconciliación a través de la impunidad. Debate, 15 de agosto de 2003). No me encuentro ahora en condiciones de discutir la primera de las objeciones y no creo, aunque no estoy del todo seguro, que la argumentación enderezada a demostrar la inconstitucionalidad de aquellas leyes y de los indultos concedidos por Menem en 1989 y 1990 sea correcta (no encuentro, por caso, nada convincente la posición de Carrió fundada en los artículos 29 y 118 de la Constitución). Con todo, me parece que lo que importa más aquí son los efectos políticos y simbólicos de la política presidencial; en ese plano, considero que mi argumento se puede sostener: la decisión de Kirchner aparece fundada en la voluntad y las convicciones y no en una especulación sobre cómo sacar partido sin pagar costos, y la necesidad (sustantiva) de castigar a los responsables del terror de estado se impone a la norma con una retroactividad conspicuamente anticonstitucional.