Argentina: elecciones, continuidad y cambio

Edgardo Mocca
Especial para
*Gramsci e o Brasil*




Hace veinte años el país recuperaba el funcionamiento de sus instituciones democráticas después de la más sangrienta de las dictaduras de su historia. El sistema político argentino exhibe hoy, después de atravesar la crisis más profunda de estos años, una combinación de profundos cambios y porfiadas continuidades cuyo somero relevamiento es el motivo de estas líneas.
El inevitable punto de partida para este examen es el derrumbe del gobierno de De la Rúa, la quiebra económica, social e institucional que lo rodeó y el clima de impugnación generalizada a la clase política que predominó durante buena parte de los últimos meses. Se vivió durante ese agitado proceso la sensación de un cambio de época, de un cierto “punto cero” de la sociedad argentina que para muchos significaba la esperanza de un renacimiento nacional desde las cenizas y para otros el temor de un colapso de la convivencia democrática. La rápida sucesión de presidentes durante diciembre de 2001, enmarcada en una inédita activación de la movilización callejera, sugería que nada en la Argentina volvería a ser como era antes de aquellos episodios.
Un sentido común mayoritario -que incluía influyentes comunicadores, prestigiosos intelectuales y dirigentes políticos con creciente respaldo en la opinión pública- se pronunciaba a favor de una drástica refundación político-institucional que alcanzara a la reforma de la Constitución Nacional. Sin que los contornos de tan contundente transformación aparecieran siempre nítidos, se bregaba, en general, por un giro “directista” del régimen institucional destinado a terminar con el monopolio de la representación por los partidos políticos y a asegurar un peso decisivo a diferentes formas de expresión popular. Más que una dirigencia política circunstancial, era el carácter representativo de la democracia lo que aparecía en entredicho y, en particular, el lugar que en su interior debían jugar los partidos políticos.
El sistema político tardó en reaccionar ante el cataclismo pero finalmente reaccionó. Lo hizo a través de la única estructura que conservaba en aquellos días un mínimo de capacidad operativa y de aptitud para restablecer el orden político: el peronismo bonaerense. A su alrededor se tejió una mayoría parlamentaria conformada por la mayoría del justicialismo de otras provincias, el radicalismo y los restos del Frepaso: una coalición parlamentaria huérfana de cualquier cosa parecida al apoyo popular pero imprescindible para tejer un hilo de continuidad institucional que frenara el salto al abismo; una clase política que se autonomizó del incendiario clima popular para intentar alguna suerte de orden transitorio capaz de evitar la disolución absoluta del orden político. Conviene recordar que muchos personajes centrales de la política “normal” de estos días (desde Zamora y Carrió hasta el propio actual presidente Kirchner) protagonizaban entonces la saga del reclamo por una revocatoria general de los mandatos, algo así como la traducción institucional del popular “que se vayan todos”.
Ayudado en partes más o menos iguales por su natural espíritu componedor, el buen sentido de la mayor parte de la dirigencia política y la fortuna (varios gobiernos centrales interpretaron que la caída definitiva de la Argentina era un sacudón de consecuencias imprevisibles para toda la región, particularmente para Brasil), el presidente Duhalde pudo dar a su interinato la impronta de la pacificación, el restablecimiento del orden y la detención de la brutal caída económica sufrida por el país. Más que las profundas reformas políticas e institucionales, lanzadas en su discurso de asunción, fue la promesa de retiro anticipado de la función presidencial lo que permitió al líder bonaerense generar en la dirigencia política fuertes incentivos para abstenerse de llevar las proclamas antisistema de las declaraciones a los hechos. La transición no fue tal sino un gobierno de emergencia cuya única función -nada desdeñable por cierto- resultó ser la creación de condiciones para que fuera legítimamente elegido un nuevo gobierno. No hubo reforma política, ni reforma constitucional, ni renovación general de mandatos ni nada que pudiera leerse en clave de refundación del sistema político: hubo nada más -y nada menos- que la prudencia, acaso motivada en última instancia por un sentido de supervivencia corporativo, para preservar el último reducto de la institucionalidad democrática que la crisis había dejado en pie: el recurso a la libre expresión de la voluntad popular por medio del voto.
Esa deriva inesperadamente moderada y pacífica del cataclismo político argentino no permite leer el presente político en los términos igualmente simplificados de ruptura raigal o continuidad rutinaria. Hay algo así como una doble escena política: en una sobresalen cambios probablemente irreversibles en las conductas políticas de la sociedad y en los modos de actuar de la dirigencia, mientras en la otra sobreviven y hasta muestran síntomas de buena salud un conjunto de situaciones y procedimientos que acompañaron estos veinte años de vida democrática en el país. Continuidad y cambio no aparecen como tendencias claramente conflictivas sino mezclados, yuxtapuestos y frecuentemente protagonizados por idénticos actores.
Es casi un lugar común en la literatura teórico-política la referencia a la debilidad y fragilidad de la democracia argentina. Una vasta producción analítica ha sometido a crítica a sus diversas instituciones -el presidencialismo, el federalismo, el régimen electoral, los partidos políticos, entre otras- y ha formulado las más diversas propuestas orientadas a su fortalecimiento. Sin embargo, la democracia argentina sobrevivió al default más voluminoso de la historia económica, al estado de virtual desobediencia civil que atravesó las calles de las principales ciudades del país durante varios meses con posterioridad al derrumbe de la gestión aliancista y al máximo nivel de empobrecimiento y exclusión conocido en su historia. No solamente siguieron funcionando las instituciones representativas, sino que los partidos políticos que ordenaron el sistema político durante estos veinte años siguen -aun con cambios menores- ocupando el lugar central de la escena.
Parece, entonces, que el régimen democrático padece más una crisis en su desempeño que en su ordenamiento institucional, sin perjuicio de que éste último pueda ser mejorado. Como ha dicho Gianfranco Pasquino “la clase política se justifica por presentarse ante la sociedad como una élite estratégica”, es decir por su responsabilidad en un proyecto de bienestar material y moral para una sociedad dada [1]. Es la satisfacción o no de esa función estratégica lo que condiciona el grado de adhesión o repudio que concita la dirigencia política; el orden institucional puede facilitar o no la solución de las crisis a las que lleva el fracaso del desempeño de una determinada élite política pero de ningún modo garantizar su éxito. Y ciertamente los responsables del orden político argentino encontraron los recursos institucionales necesarios para el salvataje de la democracia y los explotaron a fondo. No fue, como se la llegó a calificar, una “crisis terminal”; en esa capacidad de reacomodamiento está el mérito de la permanencia democrática, aunque también podamos encontrar ahí las razones de las supervivencias de muchos de sus aspectos débiles.

Las elecciones de 2003

Podemos sentirnos entusiasmados, meramente conformes o desilusionados por los resultados de las elecciones que se están desarrollando a lo largo y ancho del país durante este año; lo que no conviene es subestimar la importancia de este proceso electoral normal, pacífico y aceptablemente participativo después de la tormenta económica, social y política que sufrió el país.
A esta altura el balance de los resultados electorales muestra elementos muy interesantes para pensar la nueva configuración política del país [2].
a) El Partido Justicialista ha ensanchado su predominio electoral e institucional [3].
Retuvo la gobernación de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, San Luis, Santa Fé, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán; en Misiones ganó un candidato (Rovira) que se reivindica peronista y adepto al presidente Kirchner aunque concurrió en competencia con el candidato oficial del PJ (Puerta). El justicialismo ganó, además, la gobernación de San Juan que estaba en manos de una coalición local encabezada por la UCR.
Aun cuando la contabilidad de los diputados obtenidos resulta algo aproximativa porque se desconoce el modo en que se van a agrupar algunos diputados que concurrieron por fuera de la estructura partidaria, puede decirse que el PJ renovó 57 bancas sobre 47 que puso en juego. Sumadas a las que retiene hasta 2005 y en el caso en que retuviera las bancas que pone en juego en las elecciones que faltan, el justicialismo llegaría a 142 bancas, lo que constituye el 55% de los diputados. Por otro lado, retuvo 9 de las 11 bancas del Senado que puso en juego y, en el supuesto de que mantuviera sus lugares en las provincias faltantes, mantendría una sólida mayoría en la cámara alta.
b) La UCR pierde fuerza en el Congreso pero sigue siendo la segunda fuerza con mucha amplitud.
Después del rotundo fracaso electoral en el plano nacional, el radicalismo ha tenido un desempeño desparejo en los diferentes comicios y no puede establecerse una tendencia clara para su futuro. En efecto, la UCR retuvo las gobernaciones de Catamarca (al frente de una coalición local), Chaco, Mendoza y Río Negro; ganó, además, la de Tierra del Fuego que estaba en manos del justicialismo. Las previsiones le asignan considerables probabilidades de seguir en el gobierno de Chubut.
Retuvo 19 de las 32 bancas de diputados que puso hasta ahora en juego, lo que sumado a los diputados que duran hasta 2005 y en el supuesto de conservar las bancas que debe poner en juego, le daría un total de aproximadamente 50 bancas, aproximadamente una quinta parte del total [4]. Retuvo 5 de las 6 bancas de senadores que arriesgó hasta ahora. El radicalismo es claramente la segunda fuerza en ambas cámaras y con una considerable diferencia respecto de la tercera.
c) El ARI perdió posiciones.
Retuvo 5 de las 10 bancas que puso en juego. Completa 13 diputados y no aparece con mayores posibilidades de sumar ninguno en las elecciones que quedan.
d) Las fuerzas restantes.
El Partido Socialista quedaría con 6 diputados, Rico con 5, Patti con 4 y el Movimiento Popular Neuquino (que conserva la gobernación de Neuquén) con 4 y Autodeterminación y Libertad de Zamora con 3. Queda por saber el modo en que se agruparán algunos diputados alineados con Ibarra y con Kirchner sin pertenencia justicialista, así como los 4 diputados del Frepaso que permanecen en sus bancas hasta 2005.

El escenario: cambios y continuidades

En cierto sentido estamos asistiendo a una reconfiguración adaptativa del sistema político con el peronismo como eje indiscutido. No hace falta decir que esto señala un importante elemento de continuidad: el PJ no dejó nunca de gobernar la mayoría de las provincias (algunas de ellas en forma ininterrumpida desde 1983) ni de ser la fuerza predominante en el Senado y aún después de sus peores performances electorales conservó una influencia decisiva en la Cámara de Diputados.
Ahora bien: se trata de una continuidad a ser observada con mucha prudencia. En primer lugar, porque el peronismo se presentó dividido a las últimas elecciones nacionales, lo que no tiene antecedentes en ese nivel. A eso hay que agregar el fuerte faccionalismo que lo atraviesa entre sus diferentes referentes provinciales, la ausencia, provisoria o no, de un liderazgo nacional indiscutido y la consecuente previsibilidad de un duro combate por ese liderazgo. Como trataremos de explicar más adelante, ese faccionalismo es incentivado por el particular diseño institucional argentino. Ciertamente, la capacidad de mantener unido al peronismo durante los meses siguientes al derrumbe contribuyó a la precaria conservación de un orden político. ¿Es viable la unidad del peronismo en un futuro próximo? En el centro de este interrogante está la incertidumbre respecto al curso que tomará Kirchner en lo que concierne al armado de una coalición en la cual sustentar su gobierno. El operativo de reagrupamiento del universo político que se insinúa detrás de ciertas acciones, como el apoyo a Ibarra en ciudad de Buenos Aires y a Rovira en Misiones, no es para nada sencillo. En lo inmediato porque tendrá que desarrollarse paralelamente al sostenimiento de una base de apoyo parlamentario que por el momento solamente puede garantizarle el PJ. Más en perspectiva, el armado de un tejido “kirchnerista” relativamente autónomo del justicialismo tendrá que vérselas con el complejo entramado que sostiene a este partido en buena parte del territorio nacional, además del probadamente eficaz aparato del duhaldismo en la provincia de Buenos Aires. La dificultad de la empresa no comporta la seguridad del fracaso; si se consolida el proceso de reformas hasta ahora insinuado, es probable que el sistema de partidos no permanezca inmune a sus repercusiones.
Estamos, pues, ante una continuidad que además de relativa es de problemática sustentabilidad en el tiempo. Se insiste en estos días respecto de cierta tendencia, supuestamente comprobada en la historia, del peronismo a comportarse como “sistema político en sí mismo” ocupando los roles de gobierno y oposición. Excede los propósitos de esta reflexión el examen de procesos tan diferentes entre sí como el peronismo hegemónico entre 1946 y 1955, el peronismo atravesado por una guerra civil de contenido ideológico que gobernó entre 1973 y 1976 y el peronismo menemista de los noventa cuya oposición, que a la postre ocuparía el gobierno, no fue otra facción del justicialismo sino una coalición externa al partido. Para convertirse en sistema político en sí mismo, el PJ tendría que lograr lo que no pudo este año: dirimir en una interna liderazgos y candidaturas que pudieran contener en su interior fracciones y tendencias fuertemente contradictorias.
Las pérdidas electorales del radicalismo parecen señalar una de las novedades más marcadas de la nueva etapa política. Sin embargo, su alcance está lejos de confirmar la profecía de su desaparición. Por el momento, aparece una fuerte tensión entre la sensación de ocaso irreversible de la UCR como fuerza con potencial de gobierno nacional y la llamativa persistencia de su arraigo en un conjunto de provincias como gobierno o como principal oposición. El radicalismo tiene una crisis de liderazgo de muy problemática solución, como efecto del colapso del gobierno de la Alianza del que fue componente principal; al mismo tiempo no aparece en la escena una fuerza de alcance nacional capaz de reemplazarla en su rol de oposición. Si esto se mantuviera así y además el proyecto de autonomía kirchnerista no prosperara, estaríamos ante la perspectiva de un largo predominio justicialista con el obvio apetito hegemonista que ello presupondría. Pero cabe insistir una vez más: estos fenómenos deben ser vistos en la perspectiva de un accionar político -el de Kirchner- y las repercusiones que a favor y en contra suscite en el mapa político nacional. Por lo pronto, el cuadro institucional argentino sigue reconociendo en el radicalismo a una fuerza de gran influencia.
La implosión de la Alianza y la consecuente disgregación del Frepaso dieron fin a una de las más importantes experiencias de conformación de una fuerza “no tradicional” capaz de terciar en la lucha por el gobierno. La fuerza creada y liderada por Chacho Álvarez no pudo, a pesar de haber alcanzado cimas inéditas de desarrollo, escapar a la “maldición de las terceras fuerzas” en la Argentina. Sin embargo, el sistema político no ha dejado de promover nuevas fuerzas que crecen en los márgenes de las identidades políticas más sólidas, generalmente articuladas en torno a liderazgos personales de impacto mediático. Alrededor de Elisa Carrió, heredera del impulso de la centroizquierda frentista de los noventa, y de Ricardo López Murphy, expresión transformada de la centroderecha cavallista se ha reabierto la saga de los intentos de renovación de la configuración del sistema de partidos políticos en Argentina. Uno de los principales elementos novedosos que rodea este nuevo capítulo es el ya mencionado descenso electoral del radicalismo, lo que podría generar cierta disponibilidad -a la derecha y a la izquierda- para empresas renovadoras. El problema podría formularse como una diferencia de tiempos entre dos procesos: el vértigo del surgimiento, éxito (y también decadencia) de nuevas ofertas políticas, por un lado, y la marcada morosidad con la que cambian estructuras e instituciones que siguen siendo decisivas a la hora de dar estabilidad a los proyectos políticos. Sin base territorial, sin líneas de cuadros intermedios, sin recursos económicos se puede -está probado- hacer excelentes elecciones; resulta más difícil, en cambio, sostener en el tiempo el proceso de construcción de fuerzas políticas estables. Los resultados electorales provinciales han mostrado de modo contundente estas limitaciones.
El panorama de la centroizquierda debe completarse con el significado del triunfo de Ibarra en la ciudad de Buenos Aires y la original posición que el reelecto jefe de gobierno tiende a asumir en el llamado “espacio progresista”. A diferencia de Carrió, Ibarra no insinúa una postura de oposición a Kirchner, sino una estrategia de colaboración-diferenciación que intenta intervenir “desde adentro” en el operativo de construcción transversal que pilotea el presidente. Se trata de un debate interesante en el interior de las fuerzas herederas del gran impulso frentista de los noventa. Como interesante resulta la lucha por ocupar el lugar central de la centroderecha todavía no claramente resuelta entre diversos aspirantes entre los que descuellan López Murphy y Macri, sin que pueda descartarse algún tipo de “transversalidad” de otro signo en el que puedan intervenir líderes peronistas como Reutemann o De la Sota.

Las dos escenas

Uno de los fenómenos que merece atención es cierto ordenamiento del escenario político argentino en torno a dos patrones claramente diferenciados. Uno, el de los distritos en los que predominan grandes ciudades, mayoritariamente pobladas por clases medias que se sienten golpeadas y amenazadas por la crisis y que tienden a apostar a iniciativas renovadoras. Se trata de un público fuertemente expuesto a los medios de comunicación masivos, en el que las relaciones asistenciales y clientelistas no tienen peso ni mucho menos definen identidades político-culturales. El otro territorio es el de las provincias chicas y poco desarrolladas, caracterizadas por poblaciones escasas y poco concentradas: aquí existe una presencia cotidiana del “Estado” en forma de relaciones patrimonialistas y clientelistas; siguen siendo fuertes las identidades tradicionales y, en muchos casos, la competencia político-electoral tiene un perfil marcadamente distante del democrático-liberal: se puede hablar en algunos casos de sistemas políticos subnacionales de partido hegemónico. Es llamativa la manera en que estos sistemas políticos locales parecen haber sobrevivido al derrumbe político más profundo de nuestra historia.
Es interesante ver de qué manera este “doble paisaje” de la política argentina es reforzado por el orden institucional vigente, particularmente después de la reforma constitucional de 1994. Mientras para la elección del presidente, después de la eliminación del Colegio Electoral, resultan decisivos los votos de cuatro distritos principales (provincia de Buenos Aires, Capital, Córdoba y Santa Fé), los electores de las provincias de menos población deciden la configuración federal del país. En primer lugar, dado que las provincias chicas son la mayoría, resultan decisivas en la cantidad de gobernadores que responden a cada partido. El Senado por definición constitucional es un órgano de representación paritaria de las provincias, de modo que su composición obedece a una lógica exactamente antagónica con la voluntad electoral que decide la presidencia de la nación. Y, por último, la reforma legal realizada antes de las elecciones de 1983 crea un piso de cinco diputados para las provincias menos pobladas con los que éstas quedan fuertemente sobrerrepresentadas en la cámara respectiva. De manera que tenemos un poder dividido. No es casual, por lo tanto, que el régimen político pendule entre un acentuado presidencialismo en épocas más o menos normales o cuando el presidente tiene un alto índice de aprobación en la opinión pública, lo que eleva los costos de la oposición y/o el bloqueo parlamentario, y un parlamentarismo de hecho como el que hemos experimentado durante la crisis del gobierno de De la Rúa.
Cuando reflexionamos sobre las continuidades y los cambios en la escena política argentina, no conviene ignorar el peso de factores institucionales que constituyen un sistema de incentivos y restricciones para los actores; más aún porque las peripecias políticas de nuestra historia desaconsejan la liviandad a la hora de prescribir reformas institucionales, en primer lugar cuando tienen que ver con la Constitución Nacional. Lo cierto es que un proyecto con vocación reformista tiene que poder dar cuenta de este contexto estructural. Tiene que saber que camina por un laberinto institucional en el que diversos actores políticos partidarios de la conservación del orden disponen de poderosos recursos para bloquear las reformas. Concretamente: reformas como las del régimen impositivo y la coparticipación federal tendrán que gestionarse dentro de un marco institucional que no resulta, en principio, propicio a su éxito. La voluntad política reformista tendrá, así, que medir fuerzas con fuerzas conservadoras fuertemente ancladas en el tejido institucional.
Aunque las amenazas de nuevos cataclismos no puedan subestimarse, el país parece haber encontrado un piso básico de orden político. Tal vez se trate de un orden que desilusione bastante a los que creyeron ver en el incendio social el parto de una nueva sociedad. Pero lo cierto es que la democracia cumple veinte años de continuidad institucional parada sobre el poco fértil suelo de la desigualdad y la exclusión.

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Edgardo Mocca é professor de Ciências Políticas da Universidade de Buenos Aires e presidente do Clube de Cultura Socialista.
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Notas

[1] Pasquino, G.F. La clase política. Madrid: Acento Editorial, 2000

[2] Al momento de escribirse este comentario faltan realizar elecciones en las provincias de Chubut (gobernador, diputados y senadores), Corrientes (diputados y senadores), Entre Ríos (gobernador y diputados), Salta (gobernador y diputados), San Luis (diputados) y Tierra del Fuego (diputados)

[3] No consideraremos los resultados de la elección presidencial por considerar que han sido abundantementemente analizados

[4] No se contabiliza a los diputados electos Jorge Vanossi (en la lista porteña de Macri) y Silvana Giúdici (en la lista porteña de Ibarra) de reconocida militancia radical